El 30 de septiembre de 2026, Angie Contreras, vocera del movimiento Vivas y Libres, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enlistar y votar la acción de inconstitucionalidad que impugna la reducción del plazo para interrumpir el embarazo de 12 a seis semanas en Aguascalientes, vigente desde el 23 de septiembre de 2024.
La petición se presentó en el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, según El Sol del Centro. El expediente es la acción de inconstitucionalidad 172/2024 y su acumulada 173/2024, promovidas el 23 de octubre de 2024 por el Poder Ejecutivo federal, a través de la Consejería Jurídica, y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de acuerdo con el proyecto de sentencia de la SCJN. Ambas impugnan los artículos 101, 103 y el último párrafo del 196 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, reformados mediante el Decreto 804, y diversos artículos de la Ley para la Protección a la Vida local. El Congreso del estado había despenalizado hasta la semana 12 en diciembre de 2023, en acatamiento a un amparo de la propia Corte, y ocho meses después aprobó la reducción a seis semanas.
En sus conceptos de invalidez, las accionantes sostienen que la reforma representa «una reducción desproporcionada del plazo de doce semanas» y que las excluyentes de responsabilidad penal tienen «un diseño normativo regresivo y desproporcional», según el proyecto de sentencia. «El amparo se presentó y se gana, se mandata y obliga al Congreso que tenía que garantizar el aborto hasta la semana 12», dijo Contreras a Página 24 el 18 de diciembre de 2025. La vocera ha señalado que la reforma incluyó también el aumento de penas al personal médico.
El proyecto de sentencia está a cargo del ministro ponente Irving Espinosa Betanzo. Hasta el 30 de septiembre de 2026 el asunto no había sido enlistado para votación en el Tribunal Pleno. Aguascalientes es la única entidad del país que redujo el plazo; 24 estados lo mantienen en 12 semanas, de acuerdo con Vivas y Libres.
Lo que sigue es que la Corte enliste el expediente. El orden del día de cada sesión lo fijan la ponencia y la Presidencia del Tribunal Pleno, y la reforma continúa vigente mientras no exista resolución.
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